Capítulo 9: EL PROCESO DE LA REVOLUCIÓN DESARMADA
4. Impulsad el proceso del periodo de transición.
4.1. Preparación para el proceso de la fase de transición
La misión principal de la Comisión de Transición Revolucionaria (Comisión de Transición) es impulsar el proceso del periodo de transición hacia la apertura de una sociedad comunista. Durante este periodo, es de esperar que surjan las turbulencias políticas y económicas que a menudo acompañan a las revoluciones. La manera en que se logre acortar este periodo determinará el éxito o el fracaso de la revolución.
Como orientación general, es deseable completar el periodo de transición en un plazo de 3 a 5 años. Para hacerlo posible, es necesario debatir previamente sobre el periodo de transición en el seno de la Convención de los Comunes y realizar preparativos y planes minuciosos.
A continuación, se enumeran los pasos de transición más importantes. No obstante, dado que el plan de transición económica constituirá la parte más importante y compleja de este periodo, lo abordaré específicamente en el próximo artículo.
4.2. Redacción de la Carta inicial (constitución)
Como se señaló en el capítulo anterior, la Comisión de Transición debe aspirar a establecer un sistema constitucional lo antes posible; sin embargo, dado que resulta difícil instaurar rápidamente un sistema constitucional en medio de una revolución a gran escala, es necesario abordar este proceso por separado.
Al utilizar aquí el término "constitución", debemos tener cuidado de distinguirlo de la constitución tal como la conocemos hoy en día. La constitución convencional posee las características de una ley fundamental del Estado que determina la estructura estatal. En cambio, en una sociedad comunista —como se ha reiterado— el Estado queda abolido; por consiguiente, la constitución no puede ser la ley básica del "Estado".
En su lugar, la constitución pasa a constituir el conjunto de normas que determinan cómo la población debe gestionar la sociedad; dichas normas se expresan bajo la forma de la "Carta de la Convención de los Comunes" (en adelante, denominada simplemente "la Carta").
La promulgación de esta Carta conlleva dos procesos. El primero corresponde a la "Carta inicial", propia de la etapa más temprana de la sociedad comunista —una "sociedad comunista recién nacida", por así decirlo—, mientras que el segundo corresponde a la "Carta completa", propia de la sociedad comunista madura que sucede a esa fase inicial.
Inmediatamente después de la revolución, la Convención los Comunes establecerá un «Comité de Redacción de la Carta» encargado de elaborar la Carta inicial. Este comité, en colaboración con la Convención Mundial los Comunes —que también actúa como sede de las Convenciones de Comunes de todo el mundo—, utilizará la Carta vigente de la Convención Mundial los Comunes como base jurídica y llevará a cabo el proceso de transición para formular un proyecto de Carta adecuado.
Asimismo, bajo el sistema de la Convención de los Comunes, las convenciones locales de cada zona tienen la facultad de promulgar sus propias Cartas, siempre que se ajusten al marco de la Carta zonal; de este modo, las convenciones locales de todos los niveles pueden proceder a la redacción de sus respectivas Cartas.
4.3. Establecimiento de un régimen republicano
En relación con las cuestiones constitucionales, la elección del régimen político —que constituye en sí misma una cuestión constitucional— reviste gran importancia. Un sistema político comunista es, por esencia, una república; el sistema de la «Convención de los Comunes» exige la transición hacia un «régimen republicano de los Comunes», en el que el propio pueblo gobierna a través de dichas convenciones, en lugar de delegar la administración en un presidente o en otro alto administrador.
Tal régimen republicano de los Comunes es incompatible con una monarquía o con cualquier otra forma de régimen hereditario. Esta cuestión guarda relación con la existencia y la abolición de aquellas monarquías que han perdido su autoridad política y se han convertido en instituciones simbólicas (monarquías simbólicas), incluido el sistema del emperador simbólico de Japón.
En conclusión, la monarquía simbólica será inevitablemente abolida tras la revolución comunista. No obstante, es preciso analizar detenidamente el significado de dicha «abolición».
En otras palabras, lo que se «abole» aquí es la monarquía como sistema político. Esto debe distinguirse de la cuestión de si debe o no suprimirse la propia familia real.
Por supuesto, la república más radical exigiría la abolición de la propia familia real. Históricamente, cuando una monarquía era derrocada por un levantamiento popular, se disolvía a toda la familia real, lo que a veces conducía a la ejecución del monarca (como ocurrió en las revoluciones francesa y rusa).
Sin embargo, tales sucesos se basaban en el odio del pueblo hacia las monarquías autocráticas; las monarquías simbólicas que hace tiempo perdieron su autoridad política no suelen ser objeto de ese odio popular. La disolución de la familia real en una monarquía simbólica —y mucho menos la ejecución del monarca— solo despertaría la simpatía de la población y podría provocar un levantamiento contrarrevolucionario entre los partidarios de la monarquía.
Por consiguiente, al abordar la abolición de la monarquía simbólica, en lugar de adoptar la política radical de suprimir también a la familia real, resultaría más sensato optar por una política parcial: abolir la monarquía pero mantener a la familia real.
No obstante, la continuidad de la familia real implica únicamente permitir que se conserve el título ceremonial de sus miembros, sin que ello conlleve privilegio alguno. Así pues, no solo se suprimirán los departamentos de administración interna —como la Casa Real—, sino que se alentará a los miembros de la familia real a convertirse en ciudadanos comunes.
4.4. Defensa revolucionaria
Dado que el periodo de transición es también una etapa en la que surgen movimientos contrarrevolucionarios de diversas formas, establecer la defensa del sistema revolucionario como una misión de la propia Comisión de Transición se convierte en una política importante durante dicho periodo. En lo que respecta a esta defensa de la revolución, cabe distinguir entre medidas internas y externas.
(a) Medidas internas
A lo largo de la historia, las medidas internas de defensa revolucionaria han servido a menudo como símbolo de violaciones de los derechos humanos, generando una imagen de temor hacia la revolución. En particular, debe evitarse la creación de una policía política secreta cuyo objetivo directo sea defender la revolución, ya que ello crea un caldo de cultivo para las violaciones de los derechos humanos.
Por tanto, en lugar de depender de la policía política para la defensa revolucionaria, debemos establecer una organización de defensa revolucionaria de base, con el propósito de concienciar activamente a la sociedad sobre el significado de la revolución e involucrar a la población en la labor revolucionaria. Se trata, en concreto, del Enlace para la Defensa de la Revolución (EDR, por sus siglas en inglés).
En otras palabras, no nos limitamos a una defensa revolucionaria pasiva —como la recopilación de información y la vigilancia de los movimientos de grupos e individuos sospechosos de participar en actividades contrarrevolucionarias—, sino que también debemos difundir activamente información sobre las políticas revolucionarias en la región y establecer relaciones con las Convenciones de los Comunes. Además, se trata de una organización integral de defensa revolucionaria que también lleva a cabo labores de concienciación y divulgación dirigidas al público en general.
Para ello, el EDR cuenta con miembros del personal (mediadores) encargados de facilitar información sobre las políticas revolucionarias y establecer relaciones en la región; personal (divulgadores) responsable de concienciar a la opinión pública sobre la revolución a través de Internet y otros medios de información; y agentes que recopilan información y vigilan los movimientos relacionados con actividades contrarrevolucionarias. *
La defensa revolucionaria a través de una organización civil inclusiva de este tipo permite también evitar medidas drásticas, como las purgas masivas, que han sido una característica habitual de revoluciones históricas anteriores. Como se explicará más adelante, durante el periodo de transición aún persiste la antigua estructura gubernamental; por tanto, es necesario mantener a los funcionarios públicos en general por el momento, bastando con destituir individualmente a aquellos funcionarios que participen claramente en actos de sabotaje contrarrevolucionario.
No obstante, en aquellos países donde el ejército ejerce una fuerte influencia política, se requiere cierto grado de vigilancia ante un posible golpe militar contrarrevolucionario. Con este fin, es necesario asignar un oficial veterano que comprenda la revolución al adjunto que trabaja a las órdenes del Comisionado de Transición encargado de las cuestiones de paz —quien controla al ejército— y esforzarse por integrar a los oficiales de rango medio e inferior en el sistema revolucionario.
(b) Medidas diplomáticas
Históricamente, muchas revoluciones han sufrido la injerencia de países extranjeros temerosos de su propagación, lo que a menudo conduce a la guerra. Por consiguiente, resulta esencial adoptar medidas diplomáticas para defender la revolución.
Un aspecto clave en este sentido es la organización transnacional de las «Convenciones de los Comunes». La revolución comunista será, en última instancia, la primera de una serie de revoluciones (revoluciones en cadena o «efecto dominó») que se extenderán por todo el mundo para derrotar la injerencia de fuerzas extranjeras contrarrevolucionarias y culminar su proceso. Estas revoluciones en cadena —que abordaré nuevamente en el próximo capítulo— no constituyen meras «exportaciones de la revolución», sino una ola revolucionaria de alcance global.
En este sentido, la esencia de la defensa revolucionaria en el ámbito diplomático —distinta de la diplomacia técnica en sí misma— radica en la solidaridad transnacional de las Convenciones de los Comunes; es decir, en la existencia de la Convención Mundial de los Comunes. Por esta razón, las revoluciones no son procesos unilaterales: es necesario promover la creación de la Mancomunidad Mundial desde el principio.
4.5. Plan de transición económica
La transición de una economía capitalista —u otro sistema de economía de mercado— a una economía planificada comunista constituye el acontecimiento más importante y complejo del periodo de transición, por lo que debe guiarse mediante una "planificación" cuidadosa. Abordaré esta cuestión más adelante, tal como se anunció al principio.
4.6. Administración de transición
Si bien el Estado queda abolido en una sociedad comunista, durante el periodo de transición persisten las antiguas estructuras gubernamentales, tanto a nivel central como local.
En esta etapa, la Comisión de Transición Revolucionaria asumirá la responsabilidad de cada ámbito administrativo del gobierno central; por su parte, los ministerios principales continuarán desempeñando sus funciones administrativas provisionalmente, al tiempo que inician los preparativos para transformarse en centros de análisis y formulación de políticas.
En cuanto a la administración local, y conforme a una ordenanza especial emitida por la Comisión de Transición, se procederá a la destitución inmediata y simultánea de los dirigentes y concejales restantes de todos los gobiernos locales. Asimismo, las antiguas administraciones locales de gran extensión territorial —como las prefecturas— pasarán a depender de la Convención Provisional de los Comunes de la Prefectura. Dicha Convención trabajará para lograr la integración en el ámbito provincial mediante el nombramiento de "comisionados administrativos provisionales" (equivalentes a gobernadores) y "comisionados administrativos provisionales adjuntos" (equivalentes a vicegobernadores).
Por otro lado, en el caso de los municipios, la Convención Provisional de los Comunes del Municipio asumirá de inmediato el control de la administración municipal. Provisionalmente, el presidente de dicha Convención asumirá también el cargo de alcalde y llevará a cabo las labores de reorganización para la transición hacia comunas y áreas regionales de estilo comunista.
4.7. Promoción del plan de abolición de las fuerzas armadas
Un aspecto que requiere atención en la administración de transición es el manejo de las fuerzas armadas (incluidas aquellas organizaciones armadas equivalentes a las militares). En una sociedad comunista, el ejército permanente acabará siendo abolido; sin embargo, esto solo puede llevarse a cabo sobre la base del derecho internacional (tratados). Por tanto, hasta que llegue ese momento, es necesario mantener las fuerzas armadas integrándolas al sistema revolucionario. No obstante, durante el periodo de transición, es preciso avanzar en planes de desarme total —y no meramente de reducción de armamento— con miras a la futura abolición de los ejércitos permanentes.
La modalidad y la escala de este proceso se determinarán estratégicamente, teniendo en cuenta la situación interna e internacional respecto a la posible injerencia armada de países contrarrevolucionarios y a los golpes de Estado contrarrevolucionarios gestados desde el propio seno de las fuerzas armadas. A tal efecto, resulta fundamental que el Comisionado de Transición encargado de las cuestiones de paz —quien tiene a su cargo la abolición de las fuerzas armadas— asuma el liderazgo de esta iniciativa.
Cabe señalar que muchas de las capacidades militares acumuladas pueden aplicarse a operaciones de rescate avanzado en casos de desastres a gran escala, entre otras situaciones; por ello, resulta beneficioso reorganizar parcialmente dichas fuerzas en equipos de rescate avanzado que cubran todo el territorio o áreas extensas.
4.8. Sistema de justicia transitoria
Durante el período de transición, también se iniciará la creación de un nuevo sistema judicial que no se base en los sistemas policial y de tribunales, tal como se analiza en el Capítulo 4.
Sin embargo, dado que el poder judicial participa en el mantenimiento del orden y es un área clave para la defensa de la revolución, debemos proceder con cautela, adoptando medidas transitorias y de emergencia para evitar confusiones. Por lo tanto, el nuevo sistema judicial debe implementarse con suficiente antelación para que coincida con la entrada en vigor de la Carta inicial.
4.9. Implementación del examen de licencia de delegados
Las Convenciones de los Comunes en cada nivel durante el período de transición aún son provisionales, y las Convenciones de los Comunes formales, integradas por delegados con licencia, se convocarán inmediatamente después de la promulgación y entrada en vigor de la Carta inicial. Para ello, es necesario establecer un examen de licencia de delegados al inicio del período de transición y realizar el primer examen antes de que se complete el borrador de la Carta inicial.
4.10. Convocatoria de la Convención Constituyente de los Comunes
Una vez finalizado el borrador inicial de la Carta, se constituirá y convocará la Convención Constituyente de los Comunes. Los delegados de dicha Convención se seleccionarán de entre los titulares de licencias que hayan aprobado el examen unificado de representación, al igual que en la Convención oficial de los Comunes. Con la convocatoria de la Convención Constituyente de los Comunes, se disolverá la anterior Asamblea General de la Convención de los Comunes.
4.11. Aprobación y entrada en vigor de la Carta inicial
Una vez que el proceso de la fase de transición antes mencionada esté próximo a concluir, se iniciará el proceso definitivo para establecer una Carta inicial. Aunque cabe contemplar diversos métodos, el siguiente se considera el más exhaustivo y eficiente.
Tras la presentación del borrador de la Carta —elaborado por el Comité de Redacción de la Carta ya citado— ante la Convención Constituyente de los Comunes y su aprobación por mayoría, el texto deberá ser ratificado también por mayoría en dos tercios o más de las Convenciones provisionales de los Comunes en cada nivel de las áreas locales.
Como su nombre indica, la Carta inicial tiene carácter preliminar y marcadamente provisional, por lo que es posible que no sea necesaria una votación directa de la ciudadanía en esta etapa. De este modo, el periodo de transición concluirá con la promulgación y entrada en vigor de la Carta inicial.
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